En los contratos de concesión, uno de los aspectos fundamentales para su diseño es la adecuada identificación y asignación de los riesgos asociados al proyecto. En el caso de Aguas de Tumbes, no fue la adecuada.

Riesgos como los que afectan la inversión inicial, los ingresos, la operación o el mantenimiento, además de los riesgos de mercado no han sido debidamente acotados en el contrato. Ejemplo de ello es que pasaron 3 alcaldes por cada comuna y ninguno se conformó la UCM (el contrato no obligaba).

La teoría dice que el riesgo debe ser asumido por quien esté en la mejor condición de hacerlo. Es así como advertimos otro de los problemas: no impedirle al operador transferir sus acciones en determinadas circunstancias. En el contrato se prohibe solo durante la etapa inicial, cuando la etapa más importante es la operación y prestación del servicio.

 En la mayoría de contratos de concesión complejos como este se suelen colocar ‘candados’, que impiden la transferencia de acciones del operador (la venta a otra empresa), para evitar que éste se vaya –como sucedió- y se afecte el servicio.

Los alcaldes debieron advertir el problema y conformar la UCM para las coordinaciones con ATUSA, y los ajustes necesarios al contrato. Pero tampoco no haberlo hecho impedia revisarlo. La decisión de suspender, modificar, o la caducidad de la concesión, por ser decisiones especiales –según el contrato- corresponde a los concejos municipales.

Desde junio –dice el contrato- el Estado peruano deberá empezar a pagar el préstamo otorgado por la KfW alemana (€ 9 Mlls); poco más de €400 Mil al año (en 2 cuotas) que deberá pagarse hasta el 2034, que deberán pagarse con o sin agua.

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Texto publicado en Diario Correo, 28.ABR.2015.