Hace poco más de un año (17/05/2013) el Presidente de la República publicó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 30021), una norma que puso al Perú, junto a México, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay, en la -cada día más larga- lista de países de Latinoamérica que prohíben la venta de alimentos no saludables en centros educativos, debiendo entender así a aquellos altos en azúcares, sal, grasas trans y grasas saturadas, generalmente. 

El propósito de esta ley es “la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas”, de los niños, niñas y adolescentes, asegurando la “implementación de kioscos y comedores saludables en las instituciones de educación básica regular y la supervisión de la publicidad, la información y otras prácticas relacionadas con los alimentos y bebidas no alcohólicas” dirigidas a ellos ¿Para qué? Pues, para reducir y eliminar las enfermedades vinculadas al sobrepeso y la obesidad.

No olvidemos que en nuestro país los niveles de sobrepeso y obesidad en niños y niñas entre los 5 y 9 años de edad supera el 25%, cifra que en los adultos supera el 62%, según lo informado por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud hace poco. Lo que equivale a decir que 1 de cada 4 niños, y 3 de cada 5 adultos, tienen exceso de peso y su salud seriamente afectada, convirtiéndose en potenciales pacientes diabéticos, hipertensos, cardiacos, entre otras patologías.

De acuerdo a una de sus disposiciones “los Parámetros Técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas referentes al alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas”, deben ser elaborados por el Ministerio de Salud, “vía reglamento”, en un determinado plazo (60 días). Pues hasta la publicación del proyecto de Reglamento que establece dichos parámetros técnicos, ocurrida el pasado 24/04/2014, ha transcurrido casi un año y la morosidad en el cumplimiento de dicho encargo no ha sido lo único que ha incomodado a los especialistas.

La propuesta de reglamento, que espera opiniones hasta fines de julio de este año (puedes opinar Aquí), plantea parámetros muy por encima de los porcentajes recomendados a nivel internacional. Por ejemplo: para la OMS, si una bebida contiene más de 2.5g de azúcar por cada 100ml debe ser considerada alta en azúcar; sin embargo, para la propuesta de reglamento, sólo será considerada alta en azúcar si supera los 8.1g de azúcar por cada 100ml; es decir más de 3 veces lo recomendado. Y nada qué decir si de los alimentos sólidos se trata, en donde lo establecido por el reglamento es 4 veces mayor.

Además de ello, preocupa también que la propuesta incorpore un concepto de gradualidad en la información (Artículo 5°) que no habría estado contemplado en la ley, salvo para el caso de las grasas trans. Pese a que reconozca también la posibilidad de, más adelante, actualizar dichos parámetros “basado en estudios y evidencias científicas, así como en la normativa y buenas prácticas internacionales” –que ya existen y vienen dándose por algunas pocas empresas a nivel internacional-, consideramos que lo que se plantea es, por lo menos, inaceptable.

Así las cosas, las probabilidades de que alimentos procesados, o bebidas con gran cantidad de azúcar, como las gaseosas, sean presentados como saludables -cuando en realidad no lo son- son reales. Pues tal y como en su oportunidad fue anunciado por la agencia estatal de noticias, "de acuerdo con dichos parámetros, las bebidas gaseosas y otras no alcohólicas no podrán contener más de 8.1 gramos de azúcar por cada 100 mililitros". Es en serio.

De aprobarse el reglamento, tal cual ha sido publicado, los alimentos y bebidas procesados,  altos en azúcar para la OMS, contarán con parámetros “oficiales” 'promovidos' desde el gobierno y, ¡qué duda cabe!, podrían ser tranquilamente anunciados por sus productores como alimentos y bebidas saludables, y hasta ser considerados aptos para su venta en los quioscos de todos los colegios.