"Si el Congreso de la República contara con una unidad de Estudios Económicos, la democracia se fortalecería", afirma Gonzalo Zegarra Mulanovich, en la última publicación de Perú Económico denominado #RankingLegislativo, que él dirige.

No sé, exactamente, qué tan cierto pueda ser aquello, o si acaso existe suficiente información en este informe -que tiene buena pinta- que permita determinarlo, pero coincido en que una medida de estas, más que la que la #SociedadCivil suele reclamar de devolver a los congresistas a las aulas, parecería ser la adecuada.

Resulta sobremanera necesario que en sus decisiones, no sólo el Congreso de la República del Perú, sino el Estado en su conjunto (en sus tres poderes y niveles),  tomen en cuenta el impacto que estas tienen... pero no solo para la economía del país, sino también el medio ambiente y las oportunidades que merecen las poblaciones menos favorecidas o excluidas por el crecimiento económico.

A los convencidos que la medición de la economía de los países con un indicador como el Producto Bruto Interno (PBI) es lo más acertado, como los autores de este informe legal, les recuerdo que dicho indicador es uno incompleto, por dos razones: primero, porque solo mide la producción bruta y no proporciona ninguna 'indicación' sobre si los ingresos o el crecimiento son sostenibles; y segundo, porque no refleja completamente el verdadero valor del capital (humano o natural) o de contribuciones económicas como, por ejemplo, la de los ecosistemas.

Sobre ello ya la Globe International, organización que reúne a parlamentarios de los EE.UU., Europa y Latinoamérica preocupados en la legislación que se produce y el medio ambiente, ha señalado en su Plan de Acción sobre el Capital Natural de 2012 que "el uso no sostenible de los recursos naturales puede dar lugar al crecimiento del PBI de un país mientras que en realidad el país se está empobreciendo".

No hay que olvidar que los gobiernos, o los parlamentos, verdaderamente preocupados en el crecimiento del país -en efecto- tienen que adoptar decisiones inteligentes y prácticas para procurar el desarrollo, pero también deben asegurar que sus estrategias de desarrollo permitan un crecimiento económico que, además de sostenible, sea inclusivo y amigable para el medio ambiente, integrando su valor (cuentas de capital natural, o de inclusión social, por ejemplo) en las estimaciones de la riqueza e indicadores macroeconómicos, como el del tan reputado PBI.

Definitivamente, las instituciones deberían replicar el "sentido común" de las empresas, que éstas exigen muchas veces a las comunidades, o a la gente de a pie para aceptar cualquier proyecto económico (a veces a cualquier costo), que obliga considerar conceptos tan "elementales" como "el valor del dinero en el tiempo", el "costo de oportunidad", o el de los incentivos que motivan las decisiones que adoptan los consumidores en el mercado. Pero, mucho ojo empresas, corporaciones, y consultoras de renombre, no hay que olvidar tampoco el compromiso social que todos deberíamos ostentar, que va más allá de la tan jactada "Responsabilidad Social Empresarial".

No hay que olvidar que -en palabras de Porter y Kramer- "las empresas deben asumir el liderazgo para volver a unir los negocios con la sociedad", a través de lo que ellos definen como el principio del valor compartido, "que involucra crear valor económico de una manera que también cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos"...valor económico que debería extenderse a todas las actividades económicas y sociales; y que, precisamente, escapa hoy al PBI, y -estoy seguro- también al análisis y conclusiones de este #RankingLegislativo.